En base a lo recorrido durante los últimos años respecto de la función del Tutor Institucional, existe consenso en la necesidad de dar una nueva direccionalidad y sentido a las tareas desarrolladas, así como revisar la denominación actual.
Esto no implica sólo una cuestión nominal. Por el contrario, creemos que debemos recuperar la especificidad del área rescatando la dimensión de lo pedagógico político de las acciones que dicha función tiende a promover, al tiempo que buscamos distanciarnos de las significaciones a las que solemos asociar la palabra Tutor, más cercanas a funciones psicopedagógicas (en algunos casos llegando a remediales), y/o administrativas.
De este modo, sugerimos la denominación de Coordinador Institucional de Políticas Estudiantiles (CIPE) tomando así otra entidad, construyendo un nuevo desafío a través de una mirada articuladora entre la dimensión institucional, de la cual el Coordinador es parte, y las políticas jurisdiccionales y nacionales destinadas al nivel. El CIPE es un actor que junto con otros actores institucionales colabora y se compromete en el fortalecimiento de las trayectorias formativas de los estudiantes vinculados a las políticas institucionales y más allá de las mismas.
Compartimos algunas definiciones para pensar el campo en el que se inserta la función del CIPE : una primera y fundamental definición es la que remite a diferenciar lo político de la política en sentido amplio, para luego pensarlo en relación a nuestro campo específico. Para ello tomaremos la línea propuesta por Chantal Mouffe que define lo político como la dimensión de antagonismo constitutiva de toda sociedad humana. En este campo de lucha de intereses y miradas distintas, diversas, opuestas muchas veces, se inscribe la política entendida “como el conjunto de prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden, organizando la coexistencia en el contexto de conflictividad que se deriva de lo político”.
La educación es un proceso que se concreta en la práctica, en el hacer cotidiano, en las experiencias transitadas que desde múltiples espacios pedagógicos se nos ofrecen, y también más allá de ellos. La educación implica soñar con un mañana para los jóvenes y adultos que por ella transitan, en este sentido implica también una fuerte responsabilidad. Toda práctica educativa se asocia a alguna concepción teórica, la cual le imprime una direccionalidad y sentido específico. Siempre involucra un deseo al futuro, una perspectiva de sociedad necesaria o deseada que puede implicar aceptar lo dado y/o definir estrategias políticas para su transformación.
La especificidad de la educación está dada por la dimensión de lo político y por las tensiones en el campo de las políticas que pujan y bregan por establecer un orden particular, una concepción del mundo. Es decir, toda práctica pedagógica es un hecho político.
Desde la creación del Área de Políticas Estudiantiles en el año 2009, nos hemos propuesto como uno de nuestros objetivos centrales, el fortalecimiento de las trayectorias de los estudiantes de formación docente.
Señala Estela Cols: “la formación docente en tanto trayectoria es llevada a cabo por un sujeto o grupo a lo largo del tiempo, cuya reconstrucción y estudio pone de manifiesto distintos recorridos posibles, que se engarzan a su vez con otras trayectorias ligadas a su vida escolar, familiar, laboral, política y cultural, y que muchas veces se presentan de manera discontinuas y no lineales.” Cols, 2007.
Una trayectoria es siempre relativa a un espacio social que la contiene. Da cuenta de las relaciones entre las posiciones de un actor y el campo social en el que se mueve. Pensar la noción de trayectoria en términos relacionales nos permite descentrar la mirada del estudiante como único responsable de su formación docente, a quien la institución prescriptivamente le traza el camino a recorrer. Nos permite comprender que una mirada institucional atenta a la relación entre la trayectoria deseada y la real o concreta posibilita la reflexión y posterior transformación de prácticas institucionales y acciones pedagógicas de los actores institucionales.
Nos remite a pensar en caminos y recorridos que no sólo aluden a los contenidos disciplinares o pedagógicos propios de cada carrera específica, sino también a una formación integral de los sujetos en el ejercicio de la ciudadanía y en la capacidad de reconocerse constructores de nuevos conocimientos y realidades. Esto requiere del compromiso de la Institución en su conjunto, y de cada uno de los actores institucionales para garantizar los espacios necesarios de participación donde poder desplegar dichas potencialidades.
Las trayectorias se convierten así, casi por definición, en una cuestión institucional: como un componente del desarrollo organizativo y como producción institucional.
El Coordinador Institucional de Políticas Estudiantiles se inscribe precisamente en esta dinámica organizacional de la institución educativa. Esto implica que los objetivos propuestos para dicha función no son sólo responsabilidad del sujeto que la encarna, sino que son objetivos propuestos por y para la Institución. En este sentido su tarea se deberá dirigir en primer lugar a reconocer las particularidades y potencialidades de la institución para poder construir estrategias en función de una mayor participación de los estudiantes en el cotidiano institucional.
La participación se introduce en asuntos de poder, de gestión conjunta, y sólo es posible ponerla en acción cuando se habilitan espacios de construcción de proyectos con cierta cuota de autonomía. Su sentido es claramente político y por lo tanto implica un movimiento en las relaciones de poder instituidas. La participación, que visibiliza y provoca miradas distintas, es un entramado que se juega siempre en la posibilidad de construir a partir del consenso, y también a partir del conflicto. Cada vez que este proceso se dinamiza, se pueden definir problemas comunes y la búsqueda de alternativas aportando al fortalecimiento de la trayectoria estudiantil en la medida en que el estudiante se reconoce sujeto histórico capaz de intervenir y transformar aquellos procesos en los que se involucra.
Es tarea del Equipo Directivo del ISFD el reconocimiento y habilitación de canales de participación de todos los actores institucionales, pero es responsabilidad de los actores que la conforman, el ocupar los espacios para dinamizarlos.
No se piensa la función del Coordinador Institucional de Políticas Estudiantiles como una acción de gestión burocrático-administrativa. Para definir las características de dicha función retomamos la siguiente definición de gestión: “Lo interesante de una gestión no se mide exactamente por lo realizado sino por la capacidad de crear condiciones para que algo se movilice en los sujetos y en las matrices culturales de la institución. (…) No es un hacer bien lo ya diseñado, lo ya pensado, sino un hacer apoyado en la capacidad de ´leer´ las situaciones y de decidir frente a su singularidad” (Duschatzky, 2001).
En síntesis, en este entramado donde resultan necesarias todas las voces, inscribimos la función del CIPE, como un promotor y articulador de proyectos y acciones que surjan de necesidades institucionales para el fortalecimiento de las trayectorias formativas de los estudiantes vinculadas a las políticas establecidas tanto en los niveles jurisdiccionales como nacionales.
El desafío será avanzar en la democratización de las Instituciones, con la participación de todos los actores, revalorizando especialmente el lugar de los estudiantes como sujetos centrales de este proceso.
Desde el área de políticas estudiantiles se establecen como líneas prioritarias de trabajo a nivel nacional:
- Educación y Memoria.
- Educación y Trabajo docente.
- Actividades multimediales vinculadas a la línea “conectar igualdad”.
- Educación intercultural bilingüe.
- Propuestas de participación socio – comunitarias – culturales y/o artísticas.
- Participación Ciudadana.
- Espacios de intercambio, discusión y construcción de los documentos normativos y otros referidos al funcionamiento institucional que atraviesan las trayectorias estudiantiles.
En relación a la selección del Coordinador Institucional de Políticas Estudiantiles.
La convocatoria estará a cargo de la Dirección de Nivel Superior de la Provincia y de la dirección del ISFD. Para garantizar la transparencia del proceso, es necesario asegurar la mayor difusión por todos los medios a los que se pueda tener acceso: publicar la convocatoria en las páginas de las Direcciones de Superior; en las de los ISFD; en medios gráficos y radiales; etc.
Se solicitará a los interesados la presentación de CV y de una propuesta de trabajo que permita dar cuenta del perfil del postulante. Dicha propuesta deberá incluir las líneas de acción prioritarias de Políticas Estudiantiles.
Para la selección se sugiere la intervención del Consejo Académico de cada ISFD - o su equivalente- como instancia previa a la selección, elaborando un informe valorativo de cada una las propuestas presentadas.
A continuación se elaborará un orden de mérito con las propuestas, de modo de poder asumir la función otro docente, en caso de no poder hacerlo el elegido en primera instancia, evitando así una nueva convocatoria o la vacancia del cargo.
La selección final estará a cargo de una comisión compuesta por la Jurisdicción , Directivos del ISFD, con el acompañamiento del Equipo Nacional de Políticas Estudiantiles.
Una vez seleccionado el Coordinador Institucional de Políticas Estudiantiles, es necesario que el equipo directivo de cada ISFD realice una reunión para presentarlo en el IFD, ante los actores institucionales, con el fin de poner incluirlo en la dinámica institucional.
Cada jurisdicción confeccionará su perfil en relación a sus necesidades y recursos.
Asimismo es necesario implementar una modalidad de evaluación referida a la función del Coordinador Institucional de Políticas Estudiantiles, con el fin de asegurar la pertinencia de las prácticas en el acompañamiento propuesto y la inclusión real en las acciones institucionales; ese proceso evaluativo entendido como: “(…) una actividad programada de reflexión sobre la acción, basada en procedimientos sistemáticos de recolección, análisis e interpretación de información, con la finalidad de emitir juicios valorativos, fundamentados y comunicables sobre las actividades, resultados e impactos de esos proyectos o programas y formular recomendaciones para tomar decisiones que permitan ajustar la acción presente y mejorar la acción futura”. Olga Nirenberg
Cada jurisdicción establecerá las formas y modalidades de acompañamiento al Coordinador, para enriquecer las prácticas y favorecer el trabajo colaborativo en cada ISFD. Pueden proponerse espacios de intercambio de las acciones realizadas, verificar su vinculación con los objetivos y prioridades de la jurisdicción e institución, solicitar la elaboración de informes de gestión de tipo semestral en los que se analice el proceso de trabajo y se realicen devoluciones y ajustes, como así también encuentros de evaluación regionales en los que se favorezca el intercambio entre los coordinadores y toda otra iniciativa provincial y/o institucional que enriquezca y haga visible la tarea del Coordinador y su aporte a la mejora del funcionamiento institucional en clave de acompañamiento a las trayectorias formativas.
Publicado en el Boletín Nº 80/2011 de DGES.
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